En un pronunciamiento de alto impacto para el Tolima, la Procuraduría General de la Nación emitió en abril de 2026 un fallo disciplinario contra un exintegrante de la Policía Nacional, relacionado con los hechos que marcaron las manifestaciones del 1 de mayo de 2021 en Ibagué.
El organismo de control resolvió destituir e inhabilitar por 14 años al mayor en retiro Jorge Mario Molano Bedoya, tras establecer su responsabilidad en actuaciones irregulares durante el operativo policial desarrollado en medio de las protestas, jornada en la que murió el joven Santiago Andrés Murillo Meneses.
De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, el entonces oficial actuó desconociendo los protocolos que regulan el uso legítimo de la fuerza, pese a su formación y conocimiento sobre normas nacionales e internacionales aplicables en escenarios de movilización social.
El fallo advierte que su conducta vulneró principios esenciales de la función policial, especialmente la protección de la vida, considerada un derecho superior que debía prevalecer en cualquier intervención.
Tras evaluar pruebas técnicas y testimoniales, el ente disciplinario concluyó que la falta fue de carácter gravísimo y cometida de manera dolosa, es decir, con plena conciencia de las consecuencias de su actuar.
La decisión, que aún puede ser apelada ante el despacho del Procurador General, marca un precedente en materia disciplinaria y reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en contextos de protesta.
Para sectores de la ciudadanía y allegados a la víctima, este fallo representa un paso importante dentro del proceso de esclarecimiento de responsabilidades y búsqueda de justicia por los hechos que conmocionaron a la capital tolimense.
